El dinero ya está: la barrera de la red ya no es económica

Hace unas semanas, el alcalde de un pueblo pequeño me enseñó la carta de condiciones técnico-económicas de su distribuidora. Había pedido 100 kW para arrancar sus primeras cuatro instalaciones de autoconsumo colectivo: dos cubiertas municipales y un terreno del ayuntamiento. Le concedían 50. La mitad, y sin una explicación que aguantara una segunda lectura.

—Juan, proyecto tengo. Lo que no aparece es el cable.

He oído esa frase muchas veces, con otros nombres y en otros pueblos. Durante años la explicación de fondo era razonable: faltaba inversión en la red. Eso acaba de cambiar, y casi nadie lo ha contado.

10.200 millones más para la distribución

El Real Decreto 640/2026, aprobado este verano, permite a las distribuidoras invertir hasta 10.200 millones de euros más de aquí a 2030, por encima de los límites que había hasta ahora. Empieza con 1.020 millones en 2027 y sube hasta 3.570 millones en 2030. Óscar Mosquera lo explicó muy bien en cuanto salió el texto, y recomiendo leerle.

Dos matices importantes. El primero: no se reparte a partes iguales. El incremento se asigna con el mismo criterio que el límite de inversión de cada empresa, así que quien pesa poco en el sector recibe poco. El segundo: es dinero con destino. El decreto lo dirige a mejorar el control, la gestión, la observabilidad y la ciberseguridad de la red, a atender nueva demanda de industria, viviendas y transporte eléctrico, y a reforzar la resiliencia frente al clima.

Aun así, la foto ha cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, lo que falta no es dinero.

Lo difícil ahora es justificarlo

Para llegar a ese dinero hay que hacer bien los deberes: consulta previa, plan de inversión, aprobación, obra e informe anual de cumplimiento. Y el decreto no deja margen. La distribuidora que no presente ese informe, o que lo presente en un formato distinto al exigido, se queda fuera del reparto.

Hay más. Si una empresa incluye en su plan unas ayudas públicas que luego no consigue, sea por su culpa o porque ni siquiera las ha pedido, le recortan el límite de inversión en el doble de la inversión afectada. Y si durante tres años seguidos ejecuta más de un 25 % por debajo de lo aprobado, pierde un 10 % de su límite durante los tres años siguientes.

El regulador ha tenido en cuenta a las pequeñas. A las que tienen menos de 100.000 puntos de suministro solo las penaliza si ejecutan menos de la mitad de lo aprobado. Además, lo que no se use entre 2027 y 2030 se podrá arrastrar a 2031 y 2032. Ayuda, pero las penalizaciones siguen ahí y cada año se piden más indicadores.

Para qué tendría que servir

Conviene no perder de vista el objetivo. Se invierte en redes para acercar la generación y el almacenamiento a quien consume: placas en el tejado del polideportivo, baterías en el mismo polígono que la fábrica que las usa. Menos pérdidas, menos líneas, menos energía viajando cientos de kilómetros para volver casi al mismo sitio.

Es la energía de kilómetro cero, y es lo más barato y sensato que podemos hacer. Ahí encajan las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo, con solar, eólica y almacenamiento cerca de donde se consume. Si estos 10.200 millones no sirven también para eso, habremos desaprovechado una oportunidad que tardará en volver.

Y aquí hay una puerta que casi nadie está mirando. Esa consulta previa que cada distribuidora tiene que abrir en su web antes de hacer su plan está para eso: para que ayuntamientos, comunidades energéticas y empresas digan qué necesitan y dónde. Si eres el alcalde de la carta de los 50 kW, ahí es donde tienes que estar.

Seis años pidiendo potencia

Desde 2020 acompaño comunidades energéticas y autoconsumos colectivos. En todo este tiempo la pelea casi siempre ha sido la misma: la capacidad de conexión. Y el resultado dependía más de la distribuidora que te tocara, y de quién te atendiera al otro lado, que de lo bueno que fuera el proyecto.

Del transporte ya escribí en el cuello de botella de la transición energética, y no lo voy a repetir aquí. La pregunta ahora es más cercana y se discute mucho menos: si el dinero por fin llega a la distribución, ¿quién va a ser capaz de convertirlo en obra?

Proporcional en el papel, no en la práctica

El reparto es proporcional, pero la capacidad de aprovecharlo no lo es.

Pensemos en una distribuidora de comarca, con 20.000 clientes y un equipo pequeño. Consultas previas, planificación, informes e indicadores que se endurecen cada año: para ella no son un trámite, son un departamento que no tiene. Sin ese departamento, el incremento que le corresponde puede quedarse en el papel. Las grandes tienen equipos jurídicos y de cumplimiento para aprovechar cada euro.

Y la concentración ya está en marcha, muy cerca de casa. En julio de 2025 Iberdrola cerró la compra de Electra del Maestrazgo, una distribuidora de origen familiar con sede en Morella que daba servicio al interior de Castellón y al sur de Teruel: 1.350 kilómetros de red y 21.000 puntos de suministro. La operación, en torno a los 75 millones de euros según la prensa (algunos medios la elevan hasta 100), contó con el visto bueno de la CNMC.

No digo que esa venta se debiera a la regulación; fue anterior al decreto. Pero cuando la que no puede seguir el ritmo acaba vendiendo, quien compra ya tiene la escala para absorber este decreto y el siguiente. Si las reglas no lo corrigen, la concentración avanzará sola, sin que nadie la haya decidido. Y cuando la red de un pueblo la gestiona alguien que no vive allí, el pueblo pierde a su interlocutor para hablar de su futuro energético.

No pido privilegios para nadie. Pido que el acceso a este dinero no dependa del tamaño del departamento jurídico. Si la red tiene que acercarse a las personas, y muchas personas viven en pueblos, las distribuidoras pequeñas tienen que poder jugar la partida.

Lo que está en juego

Una placa en el polideportivo o una batería en el polígono no son solo obra eléctrica. Son infraestructura al servicio de barrios, pymes, industrias y de esa familia que a día 27 todavía no sabe si llega a fin de mes. Por eso lo repito siempre que puedo: no instalamos paneles, construimos infraestructura social.

Así que la próxima vez que alguien te diga que la red no da para más porque falta dinero, no te lo creas del todo. El dinero ya está. Lo difícil es que llegue a donde puede hacer más bien, y no solo a donde ya sobra estructura.

Y queda otro problema que poco tiene que ver con el dinero: buena parte del tiempo la red trabaja muy por debajo de su capacidad. Muchas veces no falta infraestructura, falta saber gestionarla. De eso va el siguiente eslabón.

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Fuentes principales

• Real Decreto 640/2026, de 29 de julio, por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica — BOE, 31/07/2026.
• El Gobierno aumenta la inversión para redes eléctricas — Energías Renovables, 29/07/2026.
• Iberdrola cierra la compra del negocio eléctrico de Electra del Maestrazgo — Iberdrola, 17/07/2025.

Sobre el autor

Juan Sacri es ingeniero, cooperativista y cofundador de Sapiens Energía —cooperativa sin ánimo de lucro que ha acompañado más de 90 comunidades energéticas en España— y de AVACE, la Asociación Valenciana de Comunidades Energéticas.