El milagro holandés de la aceptación renovable (y su letra pequeña)

En 2014 yo trabajaba en Países Bajos, en el sector eólico (lo cuento en mi historia). Entre los que nos dedicábamos a esto, el diagnóstico ya estaba claro: los proyectos no se caían en la ingeniería, se caían en los pueblos. Se discutía el ruido, el paisaje y, sobre todo, esa pregunta que no tiene respuesta técnica: ¿y a mí qué me queda? Se hablaba de aceptación, de participación, de compensar al entorno. Lo que no había era un plan.

Doce años después, ese país ha pasado de hablar a escribir. Hoy el 44 % de la producción eólica en tierra tiene dueños locales, y un promotor que quiera desarrollar en suelo neerlandés puede verse obligado a explicar por escrito qué ha hecho para que la comunidad sea copropietaria del parque. Yo no lo llamaría milagro; lo llamaría decisión política sostenida durante siete años, que suena menos épico y es mucho más replicable.

Aviso antes de seguir: el relato que circula por España —«en Holanda el 50 % de cada parque es de la comunidad»— es solo la mitad de la historia, y es la mitad más cómoda. La otra mitad se entiende con dos casos.

En Zelanda, más de 4.000 vecinos son dueños de un parque eólico. Se llama Windpark Krammer: 34 aerogeneradores, 102 MW, 365 GWh al año y más de 195 millones de euros de inversión. Lo impulsaron en 2010 dos cooperativas locales, Zeeuwind y Deltawind, y en 2020 sus asambleas aprobaron ampliar su participación conjunta del 51 % al 60 %. Es, con razón, el mayor proyecto ciudadano del país.

A dos horas en coche, en Oirschot, la misma película se corta. En el parque solar de Kriekampen, 25 hectáreas y 28 MW, la cooperativa local KempenStroom aspiraba a ser dueña de la mitad. En enero de 2025 sus socios decidieron no entrar: el riesgo del proyecto era demasiado alto para una cooperativa joven, todavía sin reservas suficientes. El parque se inauguró en septiembre de 2025. Sin ellos.

Un país que puso el 50 % por escrito

En 2019 el Acuerdo Climático neerlandés, el Klimaatakkoord, fijó dos cosas a la vez: llegar a 35 TWh anuales de renovable en tierra en 2030 y buscar que el 50 % de la propiedad de esa producción quedara en manos del entorno local: vecinos y empresas del municipio. Ese «lokaal eigendom» se mide de forma muy concreta: propiedad jurídica de la instalación —el parque, el aerogenerador— como porcentaje de la producción anual. Las cubiertas quedan fuera: el modelo es para suelo y agua. Y distingue tres tipos de propietario local: colectivos vecinales y socios locales (cooperativas, pymes, agricultores), entes públicos (ayuntamientos, juntas de agua) y empresas locales.

Mi impresión, después de todos estos años, es que lo verdaderamente valiente no fue el 50 %, sino atreverse a poner una cifra y a medirla cada año. El 50 % es un objetivo, no una obligación: el propio acuerdo reconoce «espacio local para desviarse por razones de proyecto». Quien lo cuente como una imposición se equivoca.

De aspiración a norma

Lo interesante es lo que vino después. Desde el 1 de enero de 2026 está en vigor la nueva Ley de la Energía neerlandesa, la Energiewet, y dentro de ella una enmienda parlamentaria que cambió las reglas del juego: su artículo 6.12.3 permite exigir por ordenanza que un promotor que construya o amplíe una instalación renovable de gran escala se esfuerce en alcanzar el 50 % de copropiedad local. No se le impone el resultado: se le impone el esfuerzo y, sobre todo, la obligación de documentarlo y de explicar por qué no ha llegado.

Traducido: quien quiera desarrollar en suelo neerlandés tiene que sentarse a negociar con el territorio y demostrarlo por escrito. La asociación de municipios publicó una ordenanza modelo para que cada consistorio la adapte. Ya la han aprobado municipios como Kampen, Woerden o Berkelland, y en otoño de 2026 Noord-Brabant aprobó la suya: los grandes parques tendrán que demostrar su esfuerzo hacia el 50 %. Zuid-Holland ha ido más lejos en ambición, con un 90 % de propiedad local, aunque de momento sin fuerza legal.

De todo el modelo, esto es lo que más me interesa: no hace falta que la ley te obligue a repartir propiedad; hace falta que te obligue a justificar por qué no lo haces. Ahí es donde cambia el comportamiento de un promotor.

No es un milagro: es un sistema de seis piezas

Cuando alguien habla del «milagro holandés» conviene recordar que detrás hay seis piezas montadas a la vez, no una vocación.

Primero, una subvención diseñada solo para cooperativas y comunidades de propietarios, la SCE, que paga una tarifa por kilovatio hora durante 15 años. Da lo que más necesita una inversión ciudadana: certeza. Su presupuesto de 2026 era de 78 millones de euros y, atención al detalle, a 6 de octubre solo se había comprometido el 16 % (y concedido apenas un 6 %): el 84 % seguía sin pedir. Guardo ese dato, porque resume la lección de este artículo.

Segundo, un fondo público de préstamos de desarrollo —el Ontwikkelfonds voor Energiecoöperaties, del fondo verde estatal y la federación de cooperativas— que desde 2020 ha acompañado y financiado 40 proyectos y que se abrió a todo el país en junio de 2025. Tercero, un código de conducta sectorial firmado en 2020 por la patronal eólica y por las grandes organizaciones ambientales, que fija cómo se implica al entorno. Cuarto, una guía pública de formas de participación. Quinto, las ordenanzas municipales. Y sexto, un monitor anual que publica quién es dueño de cada parque.

Sin las piezas uno y dos, la propiedad local es una buena intención. Sin la seis, nadie sabe si funciona.

Los números, sin maquillar

El monitor oficial —el Monitor Financiële Participatie, elaborado por encargo del Gobierno neerlandés y presentado al Parlamento en abril de 2026 con datos de cierre de 2024— dice esto:

• Eólica en tierra: el 44 % de la producción tiene propietarios locales. De la producción nueva que entró en operación en 2024, el 65 %.
• Solar en suelo: en torno al 21 %. Y aquí está el problema: esa cuota lleva prácticamente estancada desde 2019. Crece en valores absolutos, no en porcentaje. El propio Ministerio concluyó que el objetivo del 50 % «no está a la vista».
• Solo cooperativas ciudadanas —lo que aquí llamamos comunidades energéticas—: las cifras bajan al 7,6 % en eólica y al 3,7 % en solar. El grueso del 44 % eólico son agricultores locales: propietarios del terreno que se convierten en dueños del parque. Es propiedad local, sí, pero no es lo mismo.
• Fondo de entorno: en el 88,5 % de la producción de los parques eólicos construidos desde 2015 existe un fondo de entorno local, dinero que va al municipio sin necesidad de ser propietario. Una cifra que casi nadie cita.

En el lado humano: 696 cooperativas activas y más de 143.000 socios que, en conjunto, dan electricidad a medio millón de hogares, según la Lokale Energie Monitor 2025 que publica cada año la fundación HIER. Solo en solar, 1.425 proyectos cooperativos desde 2008.

La letra pequeña que casi nadie cuenta

El Gobierno encargó un estudio para entender por qué el ritmo se estaba frenando. Lo firmó AS I-Search tras hablar con más de 40 actores —promotores, cooperativas, patronales, financiadores públicos y administraciones—, y su diagnóstico es incómodo para todos: el freno no es la propiedad, es el mercado y los emplazamientos. Precios negativos, costes de red y de balance, tipos de interés altos y falta de suelo disponible. Problemas que afectan a todos los proyectos, con dueño local o sin él.

Y hay un segundo hallazgo, este sí incómodo para quien defiende el modelo: la propiedad local no genera por sí sola más aceptación, al menos al principio. Incluso cooperativas con proyectos cien por cien propios se encuentran con resistencia vecinal. Lo que pesa para ganar apoyo temprano es un proceso de participación cuidado con el conjunto del territorio; la propiedad suma más después, cuando el parque ya funciona. Es una de las vías, junto al fondo de entorno, los bonos vecinales o el descuento en la factura; no es la varita.

Los datos de 2025 lo confirman: no entró en operación ni un solo proyecto eólico cooperativo nuevo, y las organizaciones del sector han tenido que montar un equipo de crisis para sostener los parques solares cooperativos que la economía actual está ahogando. La patronal de las cooperativas, Energie Samen, matiza con razón que las nubes son de todo el sector y no solo suyas. Pero el aviso queda: repartir propiedad sin resolver la economía del proyecto es trasladar el problema al vecino.

Y aquí quiero ser honesto, porque me toca: llevo años defendiendo que la energía esté en manos de la gente. Ese informe no me quita la razón, pero me obliga a afinarla. Repartir propiedad sin repartir mercado no es justicia energética; es repartir un riesgo.

¿Y España?

No tenemos nada parecido. Ni objetivo de propiedad local, ni deber de motivarlo, ni una subvención específica para cooperativas, ni un fondo público de préstamos de desarrollo. En marco, vamos por detrás.

Pero tenemos una puerta abierta que aún no hemos cruzado. El Real Decreto-ley 7/2026, en vigor desde el 22 de marzo, modificó el reglamento de autoconsumo para aceptar que una instalación de hasta 5 MW, conectada a través de la red, pueda asociarse a consumidores situados a menos de 5 kilómetros. Traducido: una planta de menos de 5 MW puede alimentar autoconsumo colectivo a 5 km. Y el Gobierno ultima por vía de urgencia dos reales decretos: uno de autoconsumo, con la figura del gestor de autoconsumo colectivo y el uso de las baterías del coche eléctrico para dar servicios al sistema, y otro de comunidades energéticas, con reserva de capacidad de acceso a la red. Completarán el marco.

No lo pinto más bonito de lo que es: como conté en el cuello de botella de la transición energética, tenemos la norma que permite crecer y muchas veces no tenemos el cable por el que hacerlo. Por eso la palanca hay que usarla con cabeza, donde la red aguante.

Ya somos 837 comunidades energéticas en España, el 65,5 % en municipios rurales (y quien todavía no tiene la suya, llega tarde). Y nuestro parque fotovoltaico está hecho, sobre todo, de instalaciones pequeñas: casi el 98 % de las inscritas en el registro tienen 100 kW o menos; las plantas de menos de 5 MW están repartidas por todo el territorio. Ahí está la oportunidad que casi nadie ha mirado de frente.

Así que no me quedo con el titular del milagro, me quedo con la lección:

La propiedad sin acceso al mercado es propiedad decorativa.

Holanda repartió propiedad antes de resolver la flexibilidad, el almacenamiento y el precio, y hoy tiene cooperativas con activos que pierden dinero. España puede hacer las dos cosas a la vez, porque la palanca ya existe: convertir plantas de menos de 5 MW en autoconsumo colectivo, con almacenamiento en el mismo emplazamiento y consumidores reales a menos de 5 kilómetros, es repartir propiedad y repartir valor al mismo tiempo. Que la planta deje de ser un activo financiero en el territorio y pase a ser infraestructura del territorio.

Llevo años acompañando procesos de comunidad energética en pueblos y polígonos industriales, y la pregunta que más me hacen no es técnica: es «¿esto será mío?». En Holanda la respondieron por escrito en 2019. Nosotros tenemos la suerte de poder responderla con el contador, no con la ley.

No instalamos paneles solares. Construimos infraestructura energética en manos de la ciudadanía. Y esto no ha hecho más que empezar.

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Fuentes principales

• Monitor Financiële Participatie Hernieuwbare Energie op Land 2024 — RVO / Gobierno de los Países Bajos, presentado al Parlamento el 13/04/2026.
• Lokaal eigendom in de praktijk: zicht op de belemmeringen, succesfactoren en impact — AS I-Search, julio de 2026.
• Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo (BOE-A-2026-6544), que modifica el Real Decreto 244/2019 de autoconsumo — BOE.

Sobre el autor

Juan Sacri es ingeniero, cooperativista y cofundador de Sapiens Energía —cooperativa sin ánimo de lucro que ha acompañado más de 90 comunidades energéticas en España— y de AVACE, la Asociación Valenciana de Comunidades Energéticas.