La misma semana, dos noticias que deberían leerse juntas.
El 23 de junio, Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, declaraba en El Mundo que veía “razonable” abrir el negocio de Red Eléctrica a la competencia mediante subastas, siguiendo los modelos de Brasil, Chile y Reino Unido. Su diagnóstico: hay alrededor de 100.000 MW de demanda industrial esperando conexión que no pueden recibirla porque el transporte no da acceso.
Tres días después, Manuel Fernández Ordóñez publicaba en Libre Mercado un artículo titulado “Red Eléctrica o cómo empobrecer a un país a cámara lenta”. Los datos que manejaba eran devastadores: del plan eléctrico 2025-2030, con 659 posiciones de inversión, 402 (el 60%) proceden de planificaciones anteriores que nunca se ejecutaron. Más de la mitad de las actuaciones registran retrasos con una media de siete años. Siete. Algunas arrastran demoras desde 2008.
Conviene una cautela: Iberdrola no es un observador neutral en este debate. Es competidora directa y sería beneficiaria de abrir el transporte a subastas, porque pujaría por esas líneas. Pero precisamente por eso su diagnóstico resulta revelador: hasta quien podría capitalizar el statu quo reconoce que el cuello de botella existe. Cuando el CEO de la mayor eléctrica del país y un analista independiente coinciden en que el modelo de red no funciona, algo está pasando.
La pregunta es: ¿qué modelos alternativos existen? ¿Cómo lo hacen otros países? Y, sobre todo, ¿qué debería aprender España de ellos?
El problema español: un monopolio sin consecuencias
El sistema español tiene una peculiaridad: Red Eléctrica es a la vez propietario único de las líneas de alta tensión y el operador que decide cómo fluye la energía y quién se conecta. Es juez y parte. Y como ha señalado PwC en su análisis, cuando no hay competencia ni consecuencias por el incumplimiento, la inercia gana siempre a la ejecución.
El resultado: España es, junto con Portugal, el país con el mercado eléctrico más privatizado de la OCDE. Cero participación pública a nivel estatal. Mientras tanto:
- Francia posee el 100% de EDF, renacionalizada por completo en 2023, cuando el Estado recompró la parte que aún cotizaba y la sacó de bolsa.
- Italia controla el 23,6% de Enel y el 29% de Terna (la transportista) a través de holdings estatales.
- Suecia tiene a Vattenfall, el mayor productor eléctrico del país, 100% público, y su red nacional pertenece a Svenska Kraftnät, también estatal.
No es que el modelo público sea siempre mejor. Es que España ha llevado la privatización al extremo sin crear los contrapesos regulatorios que otros países sí tienen.
El modelo alemán: cuatro transportistas y novecientos municipios
Alemania es el caso más interesante para la comparación.
En transporte (alta tensión), Alemania no tiene un monopolio como REE. Tiene cuatro operadores: 50Hertz, Amprion, TenneT y TransnetBW. Todos regulados por la Bundesnetzagentur, pero compitiendo en eficiencia y sometidos a supervisión independiente.
En distribución, el modelo es todavía más revelador. Alemania cuenta con aproximadamente 900 Stadtwerke: empresas municipales de energía, muchas de ellas públicas, que gestionan la red local. Dos de cada tres hogares alemanes reciben electricidad de estas empresas municipales. El ejemplo más conocido son las Stadtwerke de Múnich, que suministran electricidad 100% renovable a toda la ciudad desde 2016.
Este modelo no surgió por casualidad. Desde 2005, Alemania vivió una ola de remunicipalización de la energía: decenas de ciudades recuperaron la gestión de sus redes cuando expiraban las concesiones privadas.
Ahora bien, el modelo alemán tampoco es perfecto. Un análisis de BNE publicado en junio de 2026 revela que los 18 mayores operadores de redes de distribución obtuvieron una rentabilidad media ponderada del 30,1% en 2024, frente al 16,6% del año anterior. Empresas como EWE Netz (61%), Westnetz (45%) o Bayernwerk (38%) tienen márgenes muy por encima de cualquier industria comparable.
La propiedad importa, pero los incentivos importan más. Alemania tiene más actores, más competencia y más capilaridad municipal, pero si la regulación premia la ineficiencia, el resultado puede ser igualmente frustrante.
Cataluña y la AMEP: el municipalismo como respuesta
Mientras el debate nacional se centra en si abrir el transporte a subastas privadas o mantener el monopolio de REE, en Cataluña ha surgido un movimiento que plantea una tercera vía: que la red de distribución sea pública y la gestionen los municipios.
La Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP) agrupa ya a 124 entidades: 119 ayuntamientos, dos diputaciones (Barcelona y Girona), un consejo comarcal y dos entidades municipales.
El pasado 20 de mayo, seis partidos políticos (Sumar, ERC, Bildu, BNG, Podemos y Més-Compromís) registraron en el Congreso una Proposición No de Ley impulsada por la AMEP que reclama la titularidad pública de la red de distribución. El elemento más interesante: las comunidades energéticas podrían gestionar redes de distribución en su ámbito de actuación.
Seis años en el frente
Lo escribo desde la experiencia. Cuando arrancamos, a principios de 2020, con los primeros autoconsumos colectivos para comunidades energéticas, cada proyecto era una batalla. Seis años después es solo un poco más fácil, y sigue dependiendo de la lotería: la distribuidora que te toque y el gestor que encuentres. Pero esos son los problemas menores.
El problema de fondo es la escala. Y la escala no se gana con instalaciones de 100 kW. Ahora, por fin, el Real Decreto-ley 7/2026 nos la permite: hasta 5 MW y radios de hasta 5 kilómetros entre generación y consumo. Sobre el papel, es el marco que llevábamos años pidiendo.
¿Y con qué nos encontramos al día siguiente? Con que no hay capacidad en la red. Tenemos la norma que permite crecer y no tenemos el cable por el que hacerlo.
Entonces, ¿qué hacemos? Esto merece una respuesta: una solución justa y proporcional, que priorice los proyectos de mayor impacto social. Porque no es lo mismo conectar un centro de datos que una comunidad energética que abarata la factura a familias que no llegan a fin de mes. La capacidad escasa de la red debería repartirse mirando también a quién beneficia, no solo a quién llega primero.
Análisis estratégico: ¿qué significa esto para el sector?
La red de transporte es el cuello de botella de la electrificación del país. Da igual que tengamos récord de generación renovable si no podemos conectar la demanda industrial, los nuevos centros de datos, la movilidad eléctrica o las comunidades energéticas.
El debate no debería ser público contra privado. Ese falso dilema nos ha tenido paralizados demasiado tiempo. El debate real es monopolio contra competencia, centralización contra descentralización, opacidad contra transparencia.
Un sistema con múltiples operadores de transporte, con empresas municipales de distribución, con comunidades energéticas que puedan gestionar sus redes y con una regulación que penalice el incumplimiento —como existe en Alemania, como se debate en Cataluña— probablemente funcionaría mejor que el actual.
Pero para eso hace falta algo que escasea en la política energética española: voluntad de reforma institucional, no solo de parches técnicos.
Como dice Fernández Ordóñez, el problema no es técnico. Es de modelo.
Por Juan Sacri — cofundador de Sapiens Energía y AVACE.
Fuentes
- Iberdrola ve “razonable” abrir a la competencia el negocio de Red Eléctrica — El Mundo / eldiario.es, 23/06/2026.
- Red Eléctrica o cómo empobrecer a un país a cámara lenta — Libre Mercado, 26/06/2026.
- El municipalismo reclama la titularidad pública de la red eléctrica — Energías Renovables, 20/05/2026.
- Seis partidos y 119 gobiernos municipales piden recuperar la titularidad pública de la red — El Salto.
- Los operadores de redes en Alemania logran rentabilidades muy elevadas — El Periódico de la Energía (análisis BNE, junio 2026).
- EDF vuelve al 100% de capital público y deja de cotizar — junio 2023.
- Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo (autoconsumo colectivo hasta 5 MW y 5 km, figura del gestor de autoconsumo) — BOE.
Sobre el autor
Juan Sacri es ingeniero, cooperativista y cofundador de Sapiens Energía —cooperativa sin ánimo de lucro que ha acompañado más de 90 comunidades energéticas en España— y de AVACE, la Asociación Valenciana de Comunidades Energéticas.